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  Clarín Rural. No se sembrarán 300.000 hectáreas por un fallo judicial sobre agroquímicos

Entre Ríos. Este jueves, un grupo de productores se movilizó a la sede del Poder Judicial en Paraná, para reclamar contra un fallo que dispuso una distancia de 1.000 metros para las aplicaciones terrestres y 3.000 para las aéreas.

 

Foto: Los productores aseguran que no conocen casos de otros países que hayan definido un límite de 1.000 metros para las pulverizaciones terrestres.
 

Las tensiones por el uso de agroquímicos está llegando a un punto muy delicado en Entre Ríos. Este jueves, se realizó una movilización a la sede del Poder Judicial en Paraná para protestar contra un fallo judicial que prohíbe las aplicaciones terrestres a menos de 1.000 metros de una escuela y para las aéreas fija un límite de 3.000 metros.

“Sólo considerando las aplicaciones terrestres, este fallo implica que van a quedar improductivas unas 300.000 hectáreas”, le aseguró a Clarín Rural Walter Fedlkamp, director de la Sociedad Rural entreriana. La protesta fue organizada por esta entidad y junto a Federación Agraria, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos y la Federación Entrerriana de Cooperativas.



Los productores se movilizaron a la sede del Poder Judicial en Paraná para reclamar contra el fallo.

La decisión judicial surgió a partir de una presentación de la Asociación de Maestros de Entre Ríos y una ONG ambientalista, que reclamaba la prohibición de las aplicaciones de agroquímicos cerca de las escuelas. El juez dispuso estas distancias porque argumentó que no contaba con pruebas fehacientes de que los agroquímicos no hacen daño.

La Fiscalía de Estado apeló la medida y luego el Gobierno de Entre Ríos firmó un decreto para fijar en 150 metros el límite para las aplicaciones terrestres y 500 metros para las fumigaciones aéreas. Pero el miércoles 15 de mayo, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dictaminó que el decreto era “inconstitucional” y quedaron vigentes las distancias del primer fallo judicial.



Walter Feldkamp, director de la Sociedad Rural de Entre Ríos, advirtió que el fallo va a generar enormes pérdidas, sobre todo en los productores más pequeños.

 “En Entre Ríos hay más de 1.000 establecimientos rurales. Estimamos que el cumplimiento del fallo implica que no se pueden realizar aplicaciones terrestres en un área de 320 hectáreas alrededor de una escuela, que se extiende a 2.800 hectáreas para las fumigaciones aéreas. Es inviable y no sucede en ningún lugar del mundo”, insistió Feldkamp.

El director de la Sociedad Rural, además, advirtió que el fallo coloca en una situación muy complicada a los productores arroceros (Entre Ríos es la segunda productora a nivel nacional del cereal), que sobre todo utilizan aplicaciones aéreas porque el cultivo se produce con agua y no pueden ingresar las pulverizadoras terrestres.

En esta encrucijada, los productores reclaman que el gobierno entrerriano impulse una legislación sería sobre la utilización de la tecnología agrícola. “En Estados Unidos y Europa, los cultivos llegan a 20 metros de las casas, así que evidentemente se utilizan agroquímicos. Aquí, nosotros estamos en el peor de los mundos”, opinó Feldkamp.

Luego de la movilización, el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Emilio Castrillón, aseguró que buscará una ley de aplicación de agroquímicos a favor de la producción y la vida, y pidió "acreditar con estudios científicos que los productos que se utilizan para fumigar no producen daños a la salud, algo que hoy no está acreditado".

El titular de la Federación Agraria Argentina (FAA) en Entre Ríos, Elvio Guía, advirtió que el fallo generó un problema social que pone en riesgo pueblos que viven de la cuestión agrícola ganadera y a las mismas escuelas rurales.

"Esperamos ayudar porque estamos a disposición, hasta ahora es una pelea entre la Justicia, el Gobierno, docentes y un grupo de 'fundamentalistas' que no pueden llamarse ambientalistas", concluyó.

Las tensiones y la falta de acuerdo se explicitaron cuando las asociaciones de productores decidieron abrirse del Foro de Agroecología que el gobierno provincial había impulsado para intentar llegar a un consenso sobre las aplicaciones.



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